El déficit
habitacional que vienen sufriendo las grandes urbes constituye una problemática
actual que deja al descubierto falencias en decisiones políticas tomadas en el
pasado. La implementación del modelo neoliberal significó que la política de
vivienda pase a ser un tema de mercado. Este modelo dejo sin posibilidades de
acceso a una vivienda digna a un gran porcentaje de la población y dio lugar a
la multiplicación de asentamientos irregulares o villas de emergencia.
Durante la década del 90 la privatización del Banco Hipotecario (principal entidad encargada de entregar créditos de vivienda) y de los servicios públicos dio como resultado un estancamiento en el acceso a la vivienda que se traduce en el alto déficit habitacional actual en toda la Argentina.
Cuando hablamos de déficit habitacional tomamos la definición extraída del Observatorio Social, refiriéndonos las necesidades habitacionales insatisfechas de una población. “En general, se considera dos tipos de déficits: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. El déficit cuantitativo mide la cantidad de hogares que comparten una vivienda o que habitan en una unidad habitacional de carácter muy precario en su materialidad y que no puede ser recuperada. El déficit cualitativo mide la cantidad de viviendas que presentan alguna carencia. La falta de agua potable, luz eléctrica y/o saneamiento; la construcción con materiales de muy baja calidad por ejemplo, con pisos de tierra suelta, o presencia de chapas y cartón en paredes y techo) y por último también se considera dentro del déficit cualitativo el hacinamiento de personas en una misma vivienda”
El acceso a la vivienda es un derecho
esencial, establecido por nuestra Constitución y ratificado internacionalmente
por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Sin embargo, Santa Fe es la segunda provincia del país con mayor
déficit habitacional, con 309.567 viviendas necesarias para solucionar un
problema que afecta casi al 10 por ciento de su población. El dato proviene de
la Fundación Apertura, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el
Consejo Nacional de la Vivienda y el censo 2010.
LA SITUACION EN ROSARIO:
La
ciudad de Rosario es la que está sufriendo el mayor déficit en la provincia.
Según datos del último Censo Nacional realizado en 2010, casi el 20 por ciento
de las viviendas particulares están deshabitados. En concreto, hay 434.977
casas, de las cuales 354.507 están ocupadas y 79.978 se encuentran vacías.
Por otro lado, unas 50 mil familias están hoy a la búsqueda de un techo propio que esté en condiciones de habitabilidad. Según el ex intendente Miguel Lifschitz, la mitad de esas familias se encuentra en los sectores asalariados de ingresos medios y otras tantas en el segmento de menores recursos.
El
último relevamiento realizado en 2013 por “UN TECHO PARA MI PAIS” asegura que existen en El Gran Rosario 172
asentamientos informales en los cuales viven aproximadamente 50.500 familias. En
cuanto a los servicios básicos en el 94,1 % de los asentamientos relevados por
techo la principal fuente de energía eléctrica es estar “enganchados” al
servicio formal.
En
el 74% de los barrios la eliminación de las excretas se hace a pozo ciego, es
decir sin cámara séptica.
En
el 73 % de los casos se encuentran también enganchados a las redes públicas de
agua
En
el 97% de los casos se usa el gas licuado en garrafa como fuente principal de
energía para la calefacción y la cocina.
Estos son los datos
numéricos de una problemática que afecta a un gran porcentaje de la población
que se caracterizan no solo por el déficit de viviendas, sino por el de
infraestructuras, equipamientos, conectividad, vulnerabilidad social,
conflictividad. 
LA
PROPUESTA DE LA AGRUPACION GIROS: UN PRIMER PASO PARA LA REDISTRIBUCION DE LA
TIERRA
El movimiento
Giros viene denunciando esta situación de problemática habitacional hace ya
varios años. En diciembre de 2010 lograron que el Concejo rosarino prohíba la
construcción de barrios privados en la ciudad.
Esta
organización plantea la necesidad de “preservar la poca tierra urbanizable que
queda en Rosario”. En este sentido, en una entrevista realizada por Rosario 3
plantean que “Rosario, como ciudad que crece hacia su periferia, debe
plantearse con urgencia de quiénes van a ser y para qué las hectáreas sin
construir que quedan dentro del ejido urbano, antes de que los capitales
concentrados se anticipen y tornen estéril ese debate.”
GIROS
pone como eje de la discusión “la necesidad de cuestionar una realidad
inobjetable: la exclusión, el desarraigo de comunidades enteras a manos de
grandes emprendimientos y la consiguiente pérdida de territorios que, aunque lo
nieguen los monopolios, pueden ser distintos.” Fuente:(girosrosario.org)
Lo
que plantea esta agrupación es que existen acuerdos especulativos entre el
gobierno provincial y local y un grupo inmobiliario que es dueño del 9 por
ciento de la ciudad.
Quedan
pocas zonas verdes donde los rosarinos podrían vivir en un futuro y estas son
compradas por un mismo grupo económico, que después construye barrios privados
para una población selecta. Y es justamente esto lo que hecha agua sobre cuál
es la política en materia de distribución de tierra que plantea el
municipio. En un barrio privado de la
ciudad de 25 hectáreas viven 100 familias. Con el modelo social y productivo
que propone Giros, unas 600 familias aprovecharían esa misma porción de tierra.
EL
NEGOCIO DE LOS ACUERDOS PUBLICOS PRIVADOS
En
líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre
el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o
labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el
sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el
abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.
El
gobierno de la ciudad y también de la provincia viene utilizando la estrategia
de los acuerdos público privado para llevar a cabo la mayor parte de la obra
pública. Según una nota realizada por impulso a la secretaria de Hacienda de la
Municipalidad de Rosario, Verónica Irizar,
en los últimos ocho años, las empresas privadas que invirtieron en
Rosario aportaron cerca de 400 millones de pesos en obra pública. Es por esta
razón que cuando entrevistamos a Agustín Monasterio, coordinador de “TECHO”
asegura que no se está regulando de forma eficaz la expansión urbana de la
ciudad porque “el municipio dejo muchas decisiones en manos de privados y así
se ve como el crecimiento depende de la rentabilidad de los negocios
inmobiliarios.”
Por
otro lado, y por dar un ejemplo de una
de las tantas irregularidades de los convenios público privado, el proyecto de
urbanización “Parque Habitacional Ludueña”, también conocido como country “Los
pasos del jockey”, es presentado por el municipio como un caso exitoso ya que además
de garantizar la inversión privada en una zona estratégica de la ciudad,
desarrolla una serie de obras que beneficiarían a los ciudadanos que la habitan
y a la ciudad en general. Sin embargo, ninguna de estas obras ha sido efectuada
hasta hoy, según lo pautado en la normativa vigente.
Además
de esta ultima la organización denuncia otras irregularidades en este tipo de
convenios. En noviembre de 2010 se empezó un proyecto de barrio privado en
Nuevo Alberdi, "Fincas del
Rosario" y "La Horqueta Fisherton" realizado en una zona rural y
no urbanizable, el proyecto era llevado a cabo por la empresa CIMAR S.A quienes
vendían lotes de un proyecto de barrio privado en una zona que por lo menos
hasta el momento ni siquiera era urbanizable. En palabras textuales de GIROS
“venden “metros cuadrados” a escriturar a futuro. Avanzan ilegalmente de hecho
para que luego el municipio les cambie el uso de suelo y apruebe el proyecto ya
vendido.” Se demuestra que el municipio
“consensua” con los que violan las leyes y “arreglan ocupas”
Esta
empresa, con la ayuda de algunas personas que trabajan tanto en la
municipalidad como en EGEA ERA, que es
la empresa contratada para realizar los trámites de urbanización ilegales,
lograron conseguir que se apruebe el
tendido de gas para el ilegal barrio cerrado.
Este
hecho fue denunciado por la organización que trabaja en el barrio y la misma
municipalidad tuvo que revocar la autorización por “no intervenir los
organismos municipales existentes en la apertura de calles y porque no se
cumple con las ordenanzas vigentes en materia de urbanizaciones”
Estas
son algunas de las tantas irregularidades que permiten pensar que la
municipalidad hace negociados inmobiliarios con empresas privadas mientras en
problema habitacional es cada vez mayor. En palabras de Julian Rosas,
coordinador de “TECHO”, “ no se ofrecen soluciones habitacionales que puedan
satisfacer la creciente demanda de viviendas sociales.
Planes
del estado:
Hay
algunos programas de viviendas a nivel provincial, y otros de la Nación como
por ejemplo
• “Mi
Tierra, Mi casa”
• Plan
PROCREAR en Rosario. Serán 360 viviendas para sectores medios en el barrio
Alberdi. Se trata de la primera edificación colectiva en la ciudad que se
realizará a través del Programa Crédito Argentina del Bicentenario (Procrear) y
contempla también la apertura de las calles Zelaya y Valentín Gómez
• Registro
Único Permanente de Vivienda (RUIP)
• Plan
Rosario Hábitat
Todos
estos programas que apuntan a solucionar el problema de vivienda, que provienen
tanto de provincia como de nación no suponen una solución real, no alcanza a
satisfacer las expectativas y ni siquiera se puede prever a este paso cuando
podría remediarse la situación. Más aun, en los sectores más desprotegidos el
déficit avanza cada vez más y las posibles soluciones se acaban también con el
agotamiento de los espacios físicos.
Por
otro lado, no hay créditos hipotecarios a nivel provincial que faciliten el
acceso a una vivienda digna.
Organizaciones
no gubernamentales:
La
necesidad de que existan organizaciones no gubernamentales como “TECHO” que realicen
tareas para darle soluciones de corto plazo a las problemáticas de vivienda
pone de manifiesto la ineficiencia o desinterés por parte de quienes deberían
dar una solución concreta, por supuesto, el gobierno. Julián Rosas, coordinador
de unos de los barrios donde trabaja esta organización platea que su trabajo
pretende abordar el problema “En lo inmediato con construcciones de casillas de
emergencia de madera para reemplazar los ranchitos de chapa y cartón de
familias que no han podido levantarse por diversas situaciones.”
Cuando
preguntamos porque creen que una ONG debe cumplir los deberes y obligaciones
propias del estado, Agustín Monasterio, otro de los coordinadores de “TECHO”,
asegura que “Por medio de la ONG se consigue un compromiso y participación que
el estado no logra. Presencia en el territorio, relación y credibilidad con los
vecinos. Un interés genuino por una causa por encima de los intereses
personales. La ONG debería funcionar como nexo para que el estado pueda
asegurar los derechos que hoy en día no se respetan.”
Por
lo tanto, si bien es valorable el trabajo de estas agrupaciones, no podemos
quedarnos con la acción a corto plazo que mitiga los problemas sino que
necesariamente hay que buscar soluciones estructurales y reales.
Los
procesos especulativos de la tierra, la desigual distribución de lo que se genera de los impuestos que sale del gran
porcentaje de la ciudad y que no se
logra trasferir a la periferia y a los
barrios de emergencia , la competencia entre los empresarios inmobiliarios y
las personas que viven en los asentamientos por el poco suelo urbano que queda en la ciudad y la
escasa producción de vivienda social que no soluciona realmente el problema deberán ser puestos en
debate para que pueda diseñarse otro modo de abordar el tema de la vivienda y
el hábitat.
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